El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile confirmó la muerte de dos personas y la condición de aislamiento de más de 2.000 ciudadanos como consecuencia de un nuevo sistema frontal. Las inclemencias climáticas afectaron de manera directa a las regiones del centro-norte y sur del país sudamericano, donde además se registran cortes en el suministro eléctrico para 180.000 usuarios.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el deceso de las dos víctimas fatales ocurrió en la Región de Los Ríos a causa de la caída de un árbol de gran tamaño sobre el vehículo en el que se movilizaban. Ante el incremento del peligro, las instituciones públicas dispusieron evacuar diversas comunas en Bío Bío, La Araucanía, Ñuble y Coquimbo por el riesgo inminente de desbordes fluviales.

Los balances oficiales contabilizan cerca de 350 personas damnificadas, decenas de refugiados en albergues temporales y más de mil viviendas con afectaciones estructurales de diversa magnitud por el impacto del viento y las lluvias. Esta nueva ola invernal se suma a los temporales precedentes que durante las últimas semanas dejaron un saldo de 13 personas fallecidas y severos daños en la red vial del país.

Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile proyectó que las precipitaciones continuarán superando los promedios históricos en los próximos meses como consecuencia de la permanencia del fenómeno climático El Niño. Los organismos de emergencia mantienen brigadas activas en el terreno para llevar auxilio a las familias atrapadas y coordinar la rehabilitación de los pasos terrestres bloqueados.

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Diversos movimientos sociales resaltan la urgencia de fortalecer la planificación territorial y destinar recursos presupuestarios permanentes para mitigar los impactos socioambientales sobre las comunidades golpeadas. Las plataformas populares enfatizan que la crisis climática afecta prioritariamente a las familias trabajadoras que habitan en zonas de alto riesgo vulnerables a los eventos meteorológicos extremos.

El Gobierno chileno reiteró la vigencia de los protocolos de contingencia nacional para proteger la vida de las poblaciones amenazadas por las inundaciones. Las autoridades locales permanecen desplegadas en las comunas bajo alerta para garantizar el abastecimiento de insumos básicos y restablecer los servicios públicos esenciales a la brevedad.

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